Barbadillo pidió, por ello, a las administraciones, tanto de Balears como del resto de autonomías, que arbitren medidas adecuadas «para que las empresas puedan seguir operando, porque nos podemos encontrar con que en septiembre no haya transporte escolar al no poder asumir el elevado coste del precio del combustible. La situación es muy grave». Afirmó que «urge revisar los contratos ahora que estamos todavía a tiempo de tomar medidas adecuadas para así poder asegurar el transporte escolar a partir de septiembre».

La patronal FEBT también muestra su preocupación porque las empresas al tener cerrados los contratos «no tienen ningún margen de maniobra para poder operar en una coyuntura donde los costes no paran de aumentar». Las empresas que operan en este segmento puntualizan que «todo ha cambiado de raíz pese a las buenas intenciones del Gobierno central y autonómico de establecer ayudas para compensar los aumentos de los combustibles».